{"id":57758,"date":"2026-08-10T06:49:52","date_gmt":"2026-08-10T10:49:52","guid":{"rendered":"https:\/\/solisinforma.com\/?p=57758"},"modified":"2026-08-10T06:49:52","modified_gmt":"2026-08-10T10:49:52","slug":"la-pn-es-la-mas-reacia-en-acatar-sentencias-del-tribunal-constitucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/solisinforma.com\/?p=57758","title":{"rendered":"La PN es la m\u00e1s reacia en acatar sentencias del Tribunal Constitucional"},"content":{"rendered":"
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  • El m\u00e1s reciente fallo condena a la instituci\u00f3n a pagar m\u00e1s de RD$2.8 millones a la viuda de un general por incumplimiento de sentencia.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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    \"\"<\/div>\n<\/div>\n

     <\/p>\n

    La Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional se ha convertido en la entidad estatal m\u00e1s reacia en acatar las decisiones del\u00a0Tribunal Constitucional<\/b>\u00a0(TC), seg\u00fan revela el patr\u00f3n reiterado de incumplimientos documentados por el propio \u00f3rgano jurisdiccional.<\/p>\n

    El caso m\u00e1s reciente es el de la Sentencia TC\/0736\/26, dictada el viernes 7 de agosto de 2026, mediante la cual el TC orden\u00f3 a la instituci\u00f3n policial pagar RD$2,845,000.00 a Dulce Mar\u00eda Lora Sol\u00eds, viuda del General de Brigada (r)\u00a0Jos\u00e9 Antonio Feliciano Castillo.<\/b><\/p>\n

    La cifra corresponde al concepto de astreinte (sanci\u00f3n conminatoria) generada ante el incumplimiento persistente de una sentencia de 2022 que ordenaba reconocer el ascenso del oficial y pagar el diferencial retroactivo de su pensi\u00f3n.<\/p>\n

    Se trata de la segunda vez que el TC liquida una astreinte en este mismo expediente, ya que en junio de 2025, mediante la sentencia TC\/0364\/25, el tribunal ya hab\u00eda fijado en RD$3,610,000.00 el\u00a0monto adeudado<\/b>\u00a0por la\u00a0Polic\u00eda Nacional\u00a0<\/b>en ese mismo caso, sin que la instituci\u00f3n diera cumplimiento \u00edntegro a lo ordenado.<\/p>\n

    Este expediente no es un hecho aislado, un balance elaborado por el propio\u00a0Tribunal Constitucional<\/b>\u00a0en marzo de 2025 identific\u00f3 24 veredictos desacatados por la\u00a0Polic\u00eda Nacional,\u00a0<\/b>lo que la posiciona como la entidad estatal con el mayor n\u00famero de sentencias incumplidas ante esa alta corte.<\/p>\n

    A esta lista, se suman la Presidencia de la Rep\u00fablica; la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica,\u00a0los Ministerios\u00a0<\/b>de Interior y Polic\u00eda; Educaci\u00f3n; Hacienda; Salud P\u00fablica; Obras P\u00fablicas; las direcciones de Prisiones; Impuestos Internos, Aduanas; la Armada de Rep\u00fablica Dominicana y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) instituciones p\u00fablicas que han desacatado sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la publicaci\u00f3n que hizo el tribunal en su p\u00e1gina web, en la presidencia de Milton Ray Guevarra.<\/p>\n

    Los ministerios<\/h3>\n

    Tambi\u00e9n han desobedecido dict\u00e1menes del alto tribunal los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores; Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ej\u00e9rcito de la Rep\u00fablica Dominicana; la Tesorer\u00eda de la Seguridad Social; el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente; las Direcciones de Migraci\u00f3n y Embellecimiento, as\u00ed como las alcald\u00edas del\u00a0Distrito Nacional,<\/b>\u00a0de Santiago, Santo Domingo Este, Pedro Brand, Sos\u00faa, San Juan de la Maguana, de Esperanza y el Consejo de la Hidroel\u00e9ctrica de Toros est\u00e1n en la lista de los que han infringido las disposiciones del Tribunal Constitucional.<\/p>\n

    El mecanismo de la astreinte \u2013una sanci\u00f3n pecuniaria diaria destinada a constre\u00f1ir al obligado a cumplir con lo ordenado judicialmente\u2013 ha resultado,\u00a0en la pr\u00e1ctica, i<\/b>nsuficiente para forzar la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

    \"El<\/picture>
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    El Tribunal Constitucional se\u00f1ala a otras instituciones que tambi\u00e9n desacatan sentencias.<\/span><\/h6>\n<\/figcaption><\/figure>\n

    En numerosos casos, como el de\u00a0Lora Sol\u00eds,<\/b>\u00a0las propias astreintes impuestas por incumplimiento terminan engrosando la lista de<\/p>\n

    Casos como el de la familia\u00a0Feliciano Castillo, <\/b>que ha debido acudir en al menos dos ocasiones ante el TC para procurar la ejecuci\u00f3n de un mismo fallo, tras a\u00f1os de gestiones e intimaciones sin respuesta efectiva, ilustran el impacto que este patr\u00f3n de incumplimiento tiene sobre los ciudadanos que dependen de la ejecuci\u00f3n de fallos constitucionales<\/b>\u00a0para hacer valer derechos de car\u00e1cter social, tales como las pensiones de sobrevivencia.<\/p>\n

    el origen del caso<\/h3>\n

    La decisi\u00f3n original, contenida en la sentencia TC\/0103\/22, hab\u00eda ordenado a la\u00a0Polic\u00eda Nacional<\/b>, reconocer como efectivo el retiro de Feliciano Castillo con el rango de General de Brigada (grado con el cual fue puesto en retiro mediante la Orden General n\u00fam. 010-2007 del 1 de marzo de 2007),<\/p>\n

    Igualmente, adecuar el monto de su pensi\u00f3n, pagar retroactivamente el diferencial dejado de percibir\u00a0desde marzo de 2007\u00a0<\/b>hasta septiembre de 2019, fecha en que el oficial interpuso la acci\u00f3n de amparo de cumplimiento.<\/p>\n

    Asimismo, el\u00a0tribunal fij\u00f3 una astreinte de RD$5,000.00\u00a0<\/b>diarios por cada d\u00eda de retraso en la ejecuci\u00f3n, una vez transcurrido el plazo de 30 d\u00edas otorgado para su cumplimiento.<\/p>\n

    Feliciano Castillo<\/b>\u00a0falleci\u00f3 el 29 de enero de 2020 y su viuda, Dulce Mar\u00eda Lora Sol\u00eds, asumi\u00f3 la representaci\u00f3n de sus derechos y en julio de 2024 present\u00f3 una primera solicitud de liquidaci\u00f3n de astreinte.<\/p>\n

    Esta fue acogida mediante\u00a0la sentencia<\/b>\u00a0TC\/0364\/25 del 11 de junio de 2025, fijando en RD$3,610,000.00 la suma adeudada por la instituci\u00f3n policial hasta esa fecha.<\/p>\n

    persistencia del incumplimiento<\/h3>\n

    Seg\u00fan consta en el expediente, en julio de 2025 el Comit\u00e9 de Retiro de la Polic\u00eda Nacional reconoci\u00f3 el derecho a pensi\u00f3n de la\u00a0se\u00f1ora Lora Sol\u00eds<\/b>\u00a0como c\u00f3nyuge sobreviviente y reajust\u00f3 su monto mensual a RD$40,471.54, equivalente al rango de General de Brigada.<\/p>\n

    Sin embargo, la instituci\u00f3n omiti\u00f3 realizar el pago retroactivo del monto diferencial correspondiente al per\u00edodo 2007-2019, tal como lo dispon\u00eda la sentencia original.<\/p>\n

    Ante esta omisi\u00f3n, el 29 de enero de 2026 la se\u00f1ora Lora Sol\u00eds present\u00f3 una nueva solicitud de\u00a0liquidaci\u00f3n\u00a0<\/b>de astreinte por los d\u00edas transcurridos con posterioridad a la primera sanci\u00f3n.<\/p>\n

    Por su parte, la Direcci\u00f3n\u00a0General de la Polic\u00eda Nacional\u00a0<\/b>solicit\u00f3 que la acci\u00f3n fuera declarada inadmisible, alegando una presunta falta de apertura del proceso sucesoral y sosteniendo que no hab\u00eda incurrido en incumplimiento.<\/p>\n

    la decisi\u00f3n del tribunal<\/h3>\n

    El Tribunal Constitucional determin\u00f3 que, si bien la instituci\u00f3n policial cumpli\u00f3 con la readecuaci\u00f3n del monto mensual de la pensi\u00f3n, no aport\u00f3 prueba alguna de haber pagado el diferencial retroactivo adeudado desde 2007.<\/p>\n

    En consecuencia, concluy\u00f3 que la\u00a0Polic\u00eda Nacional<\/b>\u00a0incurri\u00f3 en un incumplimiento injustificado que activ\u00f3 nuevamente la sanci\u00f3n prevista.<\/p>\n

    El tribunal calcul\u00f3 que, entre el 9 de julio de 2024 y el 29 de enero de 2026, transcurrieron 569 d\u00edas de retraso en el cumplimiento del mandato judicial.<\/p>\n

    A raz\u00f3n de RD$5,000.00 diarios, el monto total asciende a RD$2,845,000.00 a favor de la accionante, sin perjuicio de los valores que contin\u00faen gener\u00e1ndose hasta el cumplimiento \u00edntegro de lo ordenado.<\/p>\n

    La sentencia fue aprobada por el pleno del\u00a0Tribunal Constitucional,<\/b>\u00a0integrado por Napole\u00f3n R. Est\u00e9vez Lavandier (presidente), Miguel Valera Montero, Eunisis V\u00e1squez Acosta, Jos\u00e9 Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia D\u00edaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, Mar\u00eda del Carmen Santana de Cabrera y Jos\u00e9 Alejandro Vargas Guerrero. El fallo declar\u00f3 el proceso libre de costas procesales y orden\u00f3 su notificaci\u00f3n a las partes involucradas.<\/p>\n

    Garant\u00edas\u00a0<\/span><\/p>\n

    Procedimientos constitucionales<\/h3>\n

    Sistema.<\/b>
    \nEspecialistas en derecho constitucional han se\u00f1alado que este fen\u00f3meno pone en entredicho la eficacia del sistema de garant\u00edas previsto en la Ley 137-11, Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la cual faculta a los jueces de amparo a imponer astreintes precisamente para evitar que las sentencias que<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Ram\u00f3n Cruz Benz\u00e1n \/ LD<\/span><\/h6>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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