Fiscales y empleados PGR entre detenidos de una red que eliminaba antecedentes penales

El MP informó que tiene varios fiscales bajo investigación y en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción.

Para la persecución penal, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y para el aspecto disciplinario al Inspector General de la institución, Viterbo Cabral.

En la operación Gavilán trabajan fiscales de unidades especiales del Ministerio Público, como Sourrely Jaquez y Andrés Mena, quienes cuentan con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo los lineamientos directores de sus responsables, el mayor general Eduardo Alberto Then y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Según la acusación, en el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años, figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los supuestos beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.

El MP explicó que durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.

En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medida de coerción, en contra de los imputados por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

También por violacion a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.

Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.