- El Estado tendría que resarcir a las víctimas, si se determina que hubo negligencia: Reginald García dice drenaje no se ejecutó como lo diseñó
Las advertencias de que ocurriría lo que, tristemente, aconteció el pasado sábado en el paso a desnivel de las avenidas 27 de Febrero con Máximo Gómez, se conocían desde hace más de 20 años. Nada se hizo y la tragedia que arrebató la vida de nueve personas, ahora es objeto de debate sobre las responsabilidades envueltas.
¿Pueden los familiares de las víctimas demandar al Estado? ¿Son responsables los encargados de antes o los de ahora por mantener una infraestructura que, al menos entre ingenieros, se sabía que era riesgosa para la seguridad pública?
Varios abogados que analizan el tema ven comprometida la responsabilidad civil del Estado, aunque atado a que una investigación previa, a manos de ingenieros expertos, pueda determinar la causa real del suceso.
Desde el punto de vista de la ingeniería, Reginald García, quien participó en el diseño del paso a desnivel cuando se construyó en 1999, recuerda que esa obra llevaba un diseño del sistema de drenaje que nunca se ejecutó como se planteó. No abunda en detalles, pero sí adelanta que lo ocurrido es producto de la presión hidrostática causada por el alto acumulado de lluvias.
Ya dos ingenieros que tuvieron a su cargo el estudio de esa estructura cuando en 1999, apenas meses después de su inauguración, colapsó en similares circunstancias que el sábado pasado, han dicho públicamente que, por los daños, se ameritaba que fuera demolida, como concluyeron en el informe que presentaron en aquella ocasión.
El ingeniero Joaquín Peguero estuvo encargado de los estudios hidrológicos y recuerda que determinaron las posibles altas presiones hidrostáticas a que sería sometido el muro, en caso de fuertes y prolongados aguaceros. «Como no nos hicieron caso, el Codia difundió dicho trabajo en todos los medios de comunicación y advertíamos a la ciudadanía de este gran peligro. Yo y los demás miembros de dicha comisión, siempre advertíamos a todos nuestros allegados sobre este gran peligro y recomendábamos no pasar por ese túnel cuando estaba lloviendo», dijo.
También Osiris de León, miembro de la comisión, ha dicho que los fallos de la estructura anunciaban un hecho como el acontecido, descartando la falta de mantenimiento.
El informe de entonces
El periódico Última Hora, en su edición del 4 de diciembre de 1999, recogía parte del informe de los ingenieros del Codia. Resaltó la recomendación de remover el muro, para que los ciudadanos pudieran transitar sin riesgos.
«Ha sido imposible retornar el muro hasta su posición original, lo cual era previsible por los escombros caídos detrás del mismo, apreciándose que los intentos de retornarlo hasta su posición han generado múltiples agrietamientos adicionales», cita el vespertino.
También advertían que, si no había una reformulación del drenaje pluvial y si no se colocaban los drenajes adecuados, las paredes podían ceder con todo y perno de anclaje, o provocar que áreas no ancladas cedan.
Los abogados
Al ponderar las posibles responsabilidades legales, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, descarta que pueda haber una responsabilidad penal, pues, a su modo de ver, no hay posibilidad de tipificar como un ilícito penal los acontecimientos ocurridos.
En lo civil, tampoco cree que prospere una acción contra los que diseñaron o construyeron la obra, pues está prescrita debido al largo tiempo transcurrido.
Ahora bien, entiende que, en virtud de la responsabilidad patrimonial establecida por el artículo 148 de la Constitución de la República y de la ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, sí puede proceder una demanda civil por daños.
Con un planteamiento similar, el abogado Luis Rivas entiende que, antes de cualquier cosa, un equipo de investigadores del área de la ingeniería deberá determinar las fallas que provocaron la caída.
«Hay que determinar cuál es el motivo. Si se determina que fue un problema de origen de cuando eso se construyó, puede que haya responsabilidad por vicios ocultos. Ahora, si fue por un problema de falta de mantenimiento, es otra cosa y es lo primero que los expertos tendrán que determinar».
Otra posibilidad es ver si al momento de la construcción se tomó la providencia de lugar y todos los estudios, incluso, la propia falta de mantenimiento, que podría dar pie a una responsabilidad del Estado. El problema, cita Rivas, es que el tiempo transcurrido, hace que las acciones puedan prescribir.
«Frente a la calamidad generada por la ocurrencia del reciente disturbio tropical, causante de pérdidas de vidas humanas y daños severos a la infraestructura vial en gran parte del territorio nacional, este Ministerio entiende pertinente que, por el tiempo y las constantes lluvias, es necesario convocar a firmas especializadas para evaluar los daños posibles a las referidas obras», indicó.
Por. Tania Molina, Marisol Aquino
