Lee Ballester: «Migración ha logrado la repatriación de un millón de haitianos en cuatro años»

En octubre del año pasado, la Dirección General de Migración (DGM) comenzó la implementación de un plan de control migratorio en la República Dominicana, con el objetivo de repatriar semanalmente a 10,000 ciudadanos haitianos en situación irregular.

Desde el año 2021 han sido repatriados cerca de un millón de haitianos, destaca el director de la institución, Luis Rafael Lee Ballester, en entrevista desde su despacho para este Diario.

Solo en el último año se ha alcanzado la cifra de 200,000 personas despachadas. La meta semanal de 10,000 deportaciones es posible, asegura, el vicealmirante Ballester, gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester en entrevista exclusiva para Diario Libre. (foto/SAMIL MATEO)

«La meta, objetivo, que se nos pasó es de repatriar diez mil nacionales haitianos semanales que estén en condición irregular en el territorio nacional a sus respectivos países a través de los diferentes puntos de control fronterizo. A raíz de esto, nosotros hemos iniciado la gestión, realizamos el plan estratégico institucional, hicimos una evaluación de las capacidades existentes con que contaba la Dirección de Migración», explicó.

Interdicción migratoria

Para hacer frente al desafío, la DGM diseñó un plan estratégico institucional y presentó una propuesta de fortalecimiento estructural al Ejecutivo, que incluyó la expansión de su presencia en provincias clave como Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Barahona, entre otras.

Migración también ha reclutado nuevo personal y adquirido vehículos –60 camionetas, 50 camiones y 8 autobuses– para optimizar los operativos.

Combate a la corrupción

Enfrentar la corrupción dentro del organismo ha sido otra prioridad, según plantea Ballester. Se creó la Dirección de Asuntos Internos, que trabaja junto a unidades de contrainteligencia para investigar irregularidades relacionadas con el tráfico de indocumentados.

Hasta la fecha, más de 100 empleados han sido destituidos por faltas graves, algunos bajo el artículo 84 de la Ley de Función Pública, lo que les impide ser recontratados en el Estado por cinco años.