- Parceleros denuncian la destrucción de sus viviendas tras 34 años de ocupación, mientras la parte adquiriente sostiene que el procedimiento fue legal.
El conflicto pone bajo escrutinio las actuaciones del IAD y la situación registral de los terrenos en San Juan de la Maguana.
San Juan, RD.- Varios parceleros denunciaron que fueron desalojados de terrenos en la comunidad La Ciénaga, en San Juan de la Maguana, durante un procedimiento en el que, según afirmaron, también fueron destruidas sus viviendas. Los afectados aseguran que ocupaban las parcelas desde hacía unos 34 años, poseen documentos que respaldan sus derechos y no recibieron notificación previa de ninguna institución.
Los parceleros calificaron la acción como abusiva y solicitaron la intervención del Instituto Agrario Dominicano (IAD) para investigar la titularidad de los terrenos y las circunstancias del desalojo. Hasta el momento, no se han presentado públicamente las órdenes judiciales, actas o certificados de título relacionados con el caso, ni se conoce una respuesta oficial del IAD o de las autoridades que habrían participado en el procedimiento.
La contraparte rechazó esas acusaciones y, a través de su abogado, aseguró que el desalojo fue “regular y válido”.
El Lic. José Alberto Estévez Medina, según su versión, el IAD asentó de manera irregular a cuatro parceleros en terrenos atribuidos al propietario original, Ciro Mateo. El jurista alegó que esa actuación no siguió el debido proceso ni quedó registrada formalmente ante el Registro de Títulos. Esos señalamientos constituyen la posición de la defensa y requieren ser contrastados con los expedientes correspondientes.
El abogado sostuvo, además, que ocupar los predios durante 34 años no generaría propiedad si existía previamente un derecho registrado. Explicó que los herederos de Mateo realizaron la determinación de herederos, pagaron el impuesto sucesoral y vendieron el inmueble.
Añadió que los terrenos continuaban inscritos a nombre del fallecido y que nada impedía tramitar la transferencia ante las autoridades. La validez de esas operaciones dependerá de los documentos registrales y de las decisiones emitidas por la jurisdicción inmobiliaria.
¿EL PROCEDIMIENTO FUE EL CORRECTO?
El caso enfrenta dos relatos opuestos: familias que reivindican décadas de permanencia y adquirientes que invocan derechos registrados. Su esclarecimiento exigirá verificar los títulos, la supuesta asignación del IAD, las notificaciones y la orden que sustentó el desalojo.
También será necesario determinar si se respetaron las garantías procesales y quién autorizó la destrucción denunciada de las viviendas. Mientras esas pruebas no sean examinadas, la responsabilidad jurídica y la propiedad definitiva de los terrenos permanecen en disputa.
Por Héctor Solis
✆ 𝐀𝐠𝐫é𝐠𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐚 𝐭𝐮 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐞 𝐢𝐧𝐟ó𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫: 𝟖𝟐𝟗𝟗𝟖𝟖𝟗𝟗𝟗𝟗