Octubre mantiene el ritmo de muertes durante presuntos enfrentamientos con agentes policiales. En los primeros días del mes, 20 personas han fallecido a manos de la Policía Nacional, luego de que septiembre cerrara con 55 decesos, la cifra mensual más alta registrada este año por la institución.
De acuerdo con los informes preliminares del cuerpo del orden, los fallecidos eran buscados por su presunta vinculación con distintos delitos, entre ellos homicidio, robo a mano armada y despojo de motocicletas. También pesaban sobre ellos órdenes de captura.
En medio de esta situación, algunas personas con órdenes de arresto pendientes han optado por entregarse a las autoridades, tras el llamado del presidente Luis Abinader, quien advirtió que quienes estén en esa situación deben presentarse ante la Justicia y que, de lo contrario, serán buscados por la Policía, «y les irá peor».
- La institución informó la semana pasada que tenía 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.
Investigación de muertes
Ante las muertes registradas durante estos operativos, Diario Libre solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre la cantidad de casos investigados por el Ministerio Público, así como los resultados de esas pesquisas y los protocolos que se aplican cuando una persona fallece durante una intervención policial.
Sin embargo, el órgano persecutor se amparó en la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales para no suministrar las estadísticas ni responder sobre los procedimientos.
Abogados exigen investigación independiente
En medio de los cuestionamientos sobre estas muertes, el abogado Carlos Balcácer y otros siete juristas solicitaron este lunes al Ministerio Público una «investigación inmediata e independiente» sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales.
Los abogados cuestionan los decesos ocurridos entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre, presentados como resultado de «actuaciones legales o intercambios de disparos», sin que, según denunciaron, se haya realizado previamente una investigación fiscal independiente.
Durante una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, Balcácer afirmó que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director general de la Policía Nacional, incurriría en una conducta sancionada por el párrafo I del artículo 3 del nuevo Código Penal, al exhortar, mediante la clave 29, a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) a cometer asesinatos de jóvenes.
Junto a Balcácer, los juristas Cándido Simón, Manuel Sierra Pérez, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez, Valentyn Medrano y Guarionex Ventura reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de cada muerte y se determinen las posibles responsabilidades penales de los agentes policiales y de los representantes del Ministerio Público que intervinieron en los casos.
Para sustentar las investigaciones, piden examinar autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios de testigos presenciales y familiares de los fallecidos.
Los abogados sostienen que la lucha contra la delincuencia no puede justificar muertes arbitrarias ni excluir el derecho a la defensa y al debido proceso. «La eficacia contra la delincuencia no se mide en cadáveres, sino en vidas protegidas», expresaron.
También aparecen Fernando Arturo Tavárez Muñoz, alias «Fernandito»; Yunior Alfonso Tineo, conocido como «la Changa»; Malvin Ferreras Matos, alias «Bebo»; Estarlin Emilio Rodríguez Ramos, conocido como «Chicho»; Erickson Cabrera Guerrero, alias «Amo Rompe Banca»; Esteban Muñoz, conocido como «Valentín»; Alexis Eusebio Torres; Joel Féliz Cuevas, alias «la Liebre»; Carlos Alfredo Sánchez Robles, conocido como «Chuky» o «Jeison»; Ángel Luis González, alias «Piro Caco de Muñeca»; y Jesús Fernández Reyes, conocido como «Guccito».
La relación también incluye a otras dos personas identificadas por los apodos «Bobo» y «Skari Mecánico». Según los datos suministrados, una de ellas no ha sido identificada por las autoridades.
Por: Henry Arvelo / DL
