- El magistrado Franny González determinó que los propietarios actuaron de manera imprudente ante las fallas estructurales del techo.
Santo Domingo.- Tras la variación de la calificación jurídica a «homicidio por dolo eventual», los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, enfrentarían hasta 20 años de prisión por decisión del juez Franny González al fallar a favor de los familiares de las víctimas.
Con este inesperado giro judicial se confirmó durante la audiencia que la pena máxima por este nuevo cargo es significativamente mayor, pudiendo conllevar una condena de 3 a 20 años de cárcel para los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat, quienes originalmente enfrentaban un máximo de apenas dos años de prisión bajo la acusación del Ministerio Público.
Fundamentos para la variación
La variación jurídica se fundamentó en los informes técnicos, testimonios y peritajes que revelaron la sobrecarga extrema del techo, considerando que los dueños actuaron con una «indiferencia culposa» al ignorar los riesgos inminentes de instalar seis aires acondicionados de hasta 20 toneladas junto a pesados tinacos de agua sin estudios previos.
Al comprobar formalmente que la nueva pena potencial excede ampliamente su jurisdicción, el juez González declinó el expediente hacia la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, acción que implica que el proceso volverá a comenzar desde cero una vez se designe un nuevo Tribunal Colegiado mediante un sorteo aleatorio.
En las motivaciones leídas en el tribunal se resaltó que esta dolorosa tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos el 8 de abril de 2025 no fue un simple accidente, sino el resultado directo de soluciones paliativas inadecuadas implementadas para reducir costos pese a los evidentes desperfectos estructurales del local.
El magistrado concluyó su intervención apoyándose en las jurisprudencias del jurista español Francisco Muñoz Conde, subrayando que al existir pruebas tan contundentes el caso exige un análisis exhaustivo bajo los parámetros del dolo eventual, reiterando la necesidad de que la justicia proceda rigurosamente con este debate de fondo.
